05.06.09 | por: Orlane Varesano, OMCT

EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA PIDE A NICARAGUA QUE ACTÚE CONTRA LA IMPUNIDAD EN CASOS DE TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS

Ginebra-Managua, Mayo del 2009 - El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas publicó sus recomendaciones sobre la implementación de la Convención contra la Tortura por Nicaragua en las cuales expresa en particular su preocupación respecto a “la ausencia completa de casos y sentencias relativas a delitos de tortura y malos tratos, lo que puede asemejarse a la impunidad”.

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (en adelante, el Comité), después del examen del Informe de Nicaragua sobre la implementación de la Convención contra la Tortura, durante su 42º período de sesiones, adoptó dieciséis recomendaciones a la atención de las autoridades nicaragüenses. Estas recomendaciones reflejan las preocupaciones identificadas en el Informe Alternativo que la OMCT y cuatro organizaciones nacionales, el CENIDH, la Alianza de Centros de Mujeres, la Red de Mujeres contra la Violencia y la CODENI, presentaron a los diez expertos del Comité durante las sesiones. Este informe ha documentado, entre otros temas, casos de tortura y otros malos tratos de parte de las fuerzas del orden, la situación en los centros de detención y el acceso a la justicia en Nicaragua. Estas organizaciones acogen con mucha satisfacción las recomendaciones del Comité.

A fin de prevenir y combatir la impunidad en casos de tortura y otros malos tratos, el Comité llama al Estado a que adopte “las medidas necesarias para garantizar investigaciones inmediatas e imparciales” de las denuncias de tortura y otros malos tratos y para “proseguir con las investigaciones y sanciones necesarias”. Otro tema de prioridad para los expertos se refiere a “las deficiencias en el sistema de administración de justicia”. Entre otros problemas mencionados y que demandan que el Estado actúe son la falta de imparcialidad e independencia del Poder Judicial, la utilización partidista, la corrupción y los retrasos en la administración de justicia. Sobre estas recomendaciones, el Comité pide al Estado que proporcione en el plazo de un año, informaciones sobre los progresos realizados.

La violencia contra las mujeres y especialmente, el aumento de los asesinatos de mujeres vinculados a la violencia doméstica y sexual, es otro tema de preocupación que resultó prioritario para el Comité al señalar el “deficiente acceso a la justicia por parte de las víctimas” de violencia de género. El Comité insta, al Estado a que “otorgue atención prioritaria a la adopción de medidas integrales para combatir y eliminar la violencia contra la mujer” incluyendo acciones y sanciones penales contra los culpables, acceso a medios inmediatos de reparación, protección, apoyo y asistencia jurídica, capacitación de los oficiales y puesta en práctica de “una estrategia nacional unificada y polifacética”. Pide al Estado que le informe de las medidas tomadas a este respecto, dentro de un año.

También, los expertos expresaron su profunda preocupación en relación a la prohibición absoluta del aborto y urgen al Estado a que revise su legislación en esa materia, tal como fue recomendado por el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con el objetivo de incluir excepciones para “los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o incesto”. De igual forma, el Comité recomendó al Estado evitar penalizar a los profesionales de la medicina en el ejercicio de sus responsabilidades profesionales, con el objetivo de garantizar el tratamiento inmediato y sin condiciones de las personas que buscan atención médica de emergencia.

Nicaragua tiene además que informar al Comité dentro de un año, sobre las medidas adoptadas para afrontar los malos tratos de los niños en la familia, la escuela y en instituciones u otros centros asistenciales, educativos o correccionales, los que se han considerado, con preocupación, como un “fenómeno duradero y persistente”.

Así mismo, el Comité expresa su preocupación “por el grave problema de hacinamiento y otras condiciones inadecuadas de detención” notando la situación especialmente preocupante en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Atlántico Sur y llama al Estado a tomar inmediatas medidas para mejorar las infraestructuras y proporcionar los recursos necesarios. En ese sentido, el Comité insta al Estado “a asegurar un sistema efectivo de inspección de las condiciones de detención y del trato de los reclusos y, en particular, ampliar el mandato de la Procuraduría de Cárceles […] así como facilitar el acceso de las organizaciones no gubernamentales a dichos lugares”. El Comité elabora también una serie de recomendaciones relativas a la administración de la justicia de menores notando las insuficiencias especialmente en materia de recursos, en materia de garantías mínimas, de condiciones de encarcelamiento y de utilización de medidas alternativas a la detención.

Finalmente, los expertos urgen al Estado a que tome las medidas necesarias para combatir los casos de “acoso sistemático y amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos en general y en particular contra defensoras de los derechos de las mujeres”, notando con preocupación las investigaciones criminales abiertas contra defensoras de los derechos reproductivos de las mujeres. Así mismo, el Comité llama al Estado a “adoptar medidas efectivas para combatir y prevenir actos de violencia contra miembros de la oposición política, sus simpatizantes y representantes de las organizaciones no gubernamentales, en el marco de las manifestaciones pacíficas, así como proteger adecuadamente a los manifestantes…”

A fines del año pasado, el Comité de Derechos Humanos ya había adoptado una serie de recomendaciones relativas a los temas abordados por el Comité contra la Tortura, pidiendo que el Estado tome las medidas necesarias para actuar, especialmente, en materia de condiciones carcelarias, de violencia contra las mujeres y los niños y de la administración de justicia.

La OMCT, el CENIDH, la Alianza de Centros de Mujeres, la Red de Mujeres contra la Violencia y la CODENI, organizaciones comprometidas con el seguimiento de estas recomendaciones, urgen nuevamente al Estado de Nicaragua a que tome todas las medidas necesarias para implementar las recomendaciones adoptadas por los órganos de Tratados del sistema universal de protección de los derechos humanos y adecuar su legislación y sus prácticas de conformidad con sus obligaciones internacionales, en este caso, en virtud de la Convención contra la Tortura.